BOGOTA

Errores y choques con la comunidad obligarán a reestructurar única zona de tolerancia en el país

Foto: Abel E. Cárdenas O. / EL TIEMPO
La zona de tolerancia, comprendida entre la avenida Caracas y la carrera 17, entre calles 19 y 24, tendrá que ser reestructurada porque su reglamentación no cumplió todos los requisitos, dice un estudio.
Uno es la existencia de viviendas y colegios en la zona. Allí hay 154 predios donde hay 639 personas que a diario conviven con 61 sitios de prostitución, reveló la Secretaría de Integración Social.
En un informe de finales del 2007 quedó en evidencia que el control de la actividad en esa zona no fue suficiente para evitar que a diario se presenten casos de exhibicionismo, altos niveles de ruido y ambiente de inseguridad.
Los residentes del sector han iniciado procesos contra el Distrito e insisten en que la reglamentación no se hizo bien y que la zona de tolerancia debe irse a otra parte. Amparo Barón, presidenta de la Asociación de propietarios de Santa Fe, asegura que la revisión es inminente, pues nunca se hicieron estudios técnicos para comprobar si esa zona podría funcionar en ese sector de Bogotá. "Aquí no vivimos, sobrevivimos. Pedimos que se traslade a un sitio donde no haya comunidad, niños, ni colegios". El informe del Distrito plantea claramente la necesidad de tomar acciones urgentes frente a las "tensiones insostenibles" que se han presentado entre residentes, propietarios de sitios de alto impacto y trabajadoras sexuales.
Pero Hernando Cardona, representante de Asovegas, que reúne a establecimientos como La Piscina y El Castillo, tiene una visión distinta. Según él, gracias a la reglamentación de la zona de tolerancia hace cinco años, han llegado al sector personas interesadas en invertir. Incluso, asegura que allí se han creado unos 5 mil empleos. "Queremos que esto sea un polo de desarrollo comercial y turístico -dice Cardona-. Somos conscientes de que los residentes no quieren tenernos al lado, por eso creemos que el cambio del uso del suelo debe apuntarle a que el sector se vuelva netamente comercial". Para hacer los cambios, el Distrito tiene un plazo de un año. Los cierto es que tomar decisiones frente a este espinoso tema no será fácil, pues primero deben ponerse de acuerdo residentes y propietarios de los negocios, algo que no se ha logrado nunca.
La zona de alto impacto está comprendida entre la avenida Caracas y la carrera 17 entre calles 19 y 24 y se reorganizará en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 902 de 2004, que estableció incompatibilidad de usos entre la actividad de la prostitución y las zonas residenciales.
"La actuación de la administración debe garantizar un espacio donde se ejerce control en temas como la drogadicción y trata de personas: Se debe evitar a toda costa que allí se vulneren los derechos de las persona", dice Óscar Molina, Secretario de Planeación Distrital.
Había compromiso de no a delitos ni exhibicionismo
Cuando se estableció la zona de alto impacto, la administración del Distrito se comprometió a realizar acciones para controlar el ruido, el aumento de los delitos, y el exhibicionismo de las mujeres que trabajan en el sector. Así mismo, se contaba con la constante vigilancia de las autoridades y con los planes necesarios para evitar la proliferación de enfermedades. Hoy estas situaciones no se han podido controlar, lo cual afecta a los residentes, según las denuncias de estos ante las autoridades.
Otras cuatro zonas no serán reglamentadas
Están ubicadas en las UPZ Corabastos, Alcázares, Venecia y cabecera del aeropuerto.
Actualmente las autoridades distritales consideran que el modelo del barrio Santa Fe, no es replicable en otros sectores de la ciudad. Así mismo, las cuatro zonas de alto impacto que están establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial deben ser reubicadas, pues no es posible concretarlas cuando hay entornos residenciales.
La estrategia de manejo de esta problemática por parte del POT, a su vez debe ser revisada, dice el estudio. Los cambios que el Distrito debe aplicar en la zona de alto impacto del centro deben hacerse para no violar la ley 902 de 2004, que dice: "los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, no podrán establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines, con usos para vivienda y dotacionales educativos".